Opinión 

Tormentas y bolas de humo

Isidoro YESCAS

Está escrito en el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022: En Oaxaca “existe la probabilidad de que puedan ocurrir 30 de 32 desastres naturales catalogados como de alta peligrosidad a nivel nacional, entre ellos: geológicos, hidro-meteorológicos, químicos y sanitarios, así como sismos, tsanamis, huracanes y desgajamientos de laderas” (Eje III: Oaxaca Seguro, inciso 3.5 “Protección contra desastres”).

Y pese a este diagnóstico tan crítico, poco se ha hecho y se planea hacer desde el gobierno del estado para prevenir y reducir los daños materiales, humanos y ambientales que provocan estos desastres naturales.

Por lo menos eso podría concluirse a partir de la lectura de las estrategias y líneas de acción desarrolladas en el PED en donde todo se reduce promover campañas de información y difusión entre la población para fomentar la cultura de protección civil “y gestión integral de riesgos”, establecer mecanismos de coordinación institucional, formar comités locales de protección civil e insistir en los simulacros y la elaboración de los Atlas de Riesgos municipales.

Sobre esto último resulta sintomático que a la fecha, como se apunta en el PED, solamente nueve municipios de la entidad cuentan con su Atlas de Riesgos. ¿Por qué esta cifra tan insignificante no obstante que, por lo menos en los dos últimos sexenios, se han destinado recursos económicos para estas actividades?

¿Qué infraestructura cuenta Oaxaca para prevenir a la población de los desastres naturales?

Se cita en el PED: un Sistema de Alerta Sísmica (SAS) con 37 estaciones y 15 estaciones meteorológicas distribuidas en diversos puntos de la entidad.

El problema, grave, muy grave, es que el Sistema de Alerta Sísmica no funciona por falta de mantenimiento el equipo e instalaciones desde el sexenio pasado y no existe señales de que con el regreso del PRI al gobierno del estado las cosas mejoren. El SAS está inactivo, pero los movimientos sísmicos no y a cada momento esto se constituye en un factor de alto riesgo para la población oaxaqueña.

La postura reactiva del gobierno en turno frente a los efectos devastadores de las tormentas Beatriz y Calvin puede tener muchas explicaciones oficiales, y hasta justificaciones, empezando por el error de designar al señor Armando Borquez Reyes como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil que con la tormenta Beatriz demostró que despacha en un lugar equivocado. O simple y sencillamente porque la contingencia electoral del Estado de México mantuvo ocupado a casi todo el gabinete y por un buen tiempo se olvidaron de Oaxaca.

Pero lo que resulta inadmisible es que, a río revuelto, por un lado se pretenda sacarle raja electoral a las actividades de apoyo gubernamental a la población damnificada por ambas tormentas y por las explosiones de la refinería de Salina Cruz y, por el otro, se tiendan enormes cortinas de humo sobre las verdaderas causas de las explosiones y sus efectos sobre la salud de los pobladores de la región del istmo.

No es tema menor que, una vez que la SEGOB ha declarado a 129 municipios como zonas de desastre, los recursos que fluirán tanto del FONDEN como de los que deberá aportar el gobierno del estado, se ejerzan con opacidad y, todavía, éste último contrate para las tareas de reconstrucción a empresas que estarían garantizando fuertes moches a yuppies y yopes pero con pocos o nulos beneficios para los municipios y sus habitantes.

Y no estamos inventando tormentas en un vaso de agua ni tirando bolas de humo para confundir a los lectores. La realidad se impone y por lo pronto si en el PED 2016-2022 de Oaxaca no se tiene previsto nada extraordinario ni urgente para prevenir nuevos desastres naturales, no quedará más remedio que encomendarse al Supremo para que, faltaba más, los otros desastres provocados por el grupo gobernante no obliguen a la sociedad a declarar una emergencia sanitaria.

Junio 17 del 2017.

Leave a Comment